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Boletín de noticias 11 de abril de 2012
EL TIEMPO
TUTELA BUSCA TUMBAR FALLO QUE LIMITÓ INVESTIGACIONES DE CONTRALORÍA
El tutelante es el mismo que pidió aclarar periodo del nuevo Fiscal General de la Nación.
El abogado Germán Calderón acaba de interponer una tutela que busca tumbar la decisión de la Sala de Conjueces de la Judicatura, respecto a las investigaciones fiscales de magistrados. (
El tutelante es el mismo que ayer interpuso una demanda que pide al Consejo de Estado aclarar el tiempo en que debe permanecer el Fiscal General, Eduardo Montealegre en su cargo.
En el caso de la tutela, fue presentada esta mañana ante el Consejo Superior de la Judicatura, que tiene 10 días para decidir si la acepta o no.
Lo que busca Calderón es tumbar la polémica decisión que le quitó las facultades a la Contraloría para investigar magistrados y entregarle los casos sobre el 'carrusel' de pensiones a la Comisión de Acusaciones.
En cuanto a la demanda en el Consejo de Estado, será la Sección Quinta, la que decida si admite o no el caso para determinar de cuánto es el periodo del Fiscal Eduardo Montealegre.
El reparto le correspondió a la magistrada Susana Buitrago.
CONTRALORÍA CULPA AL GOBIERNO POR 'DESORDEN' PENSIONAL
Emitió función de advertencia a ministerios del Trabajo y de Hacienda. Hoy. debate en el Congreso.
La Contraloría criticó duramente al Gobierno por el desorden pensional que, a su juicio, se registra en el país. A través de una función de advertencia, el organismo de control fiscal señaló que ve "con suma preocupación (...) el desorden, la ausencia de información veraz y oportuna y la inexistencia de procesos claros, transparentes y seguros para los usuarios" que hay en el sistema.
En el documento, conocido por EL TIEMPO.COM, la Contraloría advirtió que "ha venido observando con suma preocupación la actitud asumida por el Ejecutivo frente no solo al costo fiscal que viene tomando el tema pensional, sin que los recursos utilizados se traduzcan en una mayor cobertura".
La función de advertencia la firmó la contralora General, Sandra Morelli, y está dirigida a los ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y del Trabajo, Rafael Pardo, a quienes les dio un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del pasado 27 de marzo, para que respondan por una serie de "situaciones que son del resorte del Ejecutivo" y que evidencian el "desorden" del sistema pensional.
La Contraloría "observa con preocupación" que hace 5 años se le dio vida a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), pero "apenas están comenzando su operación", lo que obliga al Estado a "mantener estructuras e instituciones paralelas, con el costo que ello conlleva".
Otro de los puntos que critica el organismo de control fiscal es la falta de "claridad, transparencia y simplicidad" en materia de seguridad social, "lo que ha redundado en una mayor litigiosidad".
Morelli indicó en su control de advertencia que esa "gran litigiosidad" es producto de la falta de "uniformidad de criterios entre las Entidades Administradoras de Pensiones y del Sistema General de Pensiones y por la falta de una gestión oportuna para integrar la jurisprudencia y los precedentes judiciales a los procesos de reconocimiento y pago".
Preocupación por número de demandas
Agregó que "no puede ser más preocupante el volumen de demandas, tutelas y derechos de petición que inundan al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y a Cajanal en Liquidación", que se han incrementado porque "en muchas de esas acciones el Estado no ha concurrido a su defensa, lo que ha generado denuncias de la Procuraduría a este Despacho para solicitar las investigaciones por el daño fiscal al patrimonio público generado por la inexistente o inadecuada defensa de los derechos del Estado".
A la Contraloría también le preocupa "la inactividad del Ejecutivo" en materia de cobertura, que se refleja en casos como que los beneficios económicos que se han aprobado para "aumentar la cobertura en ahorro para la vejez (...) no han pasado de ser un anuncio, mientras el grueso de los recursos públicos para pensiones se destinan a un sector minoritario de la población".
Este duro panorama pensional será debatido hoy en la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara, donde su presidente, el representante Luis Guillermo Barrera ('la U'), citó a un debate a la Contralora y a los ministros a quienes se les dirigió la función de advertencia.
"La inactividad (del Ejecutivo) se constituye en el terreno abonado para que proliferen jurisprudencias que distorsionan la responsabilidad del Estado y las reglas de juego institucionales en materia pensional", concluye el documento.
'COLOMBIA SE VA A QUEDAR SIN CONTROL FISCAL': PRESIDENTE DEL CONGRESO
Juan Manuel Corzo rechazó fallo de conjueces de la Judicatura que quitó facultades a Contraloría.
El presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, advirtió que el fallo de los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, que le quitó la investigación del 'carrusel de las pensiones' a la Contraloría, es un tema "delicadísimo" porque implica que "no habrá control fiscal en el país".
En un fuerte pronunciamiento, realizado en la plenaria del Senado de este martes, Corzo afirmó que "rechazo que el Consejo Superior de la Judicatura, que no es solo una rama del poder público, como sí lo somos nosotros (Congreso), nombre unos conjueces que salen con un fallo diciendo que la Contraloría no tiene competencia de investigar aforados".
Advirtió que con esa decisión "no habrá control fiscal en el país". Agregó que "es delicadísimo lo que acaba de ocurrir", porque "Colombia se va a quedar sin control fiscal, el país del sagrado corazón no tendrá quién controle los dineros públicos".
Esta postura la respaldó un sector del Partido Liberal. El senador Rodrigo Villalba afirmó que eso se debe corregir "o si no el Congreso debe enmendar esa situación, porque algunos funcionarios, por cuenta del fuero constitucional, no deben quedar fuera del control fiscal".
GOBIERNO ESPERA QUE CONSEJO DE ESTADO DEFINA JUEZ FISCAL DE AFORADOS
Ministro de Justicia pidió aclarar el tema tras el choque de Contraloría y Judicatura.
Con el fin de determinar los alcances del polémico fallo de los conjuences del Consejo Superior de la Judicatura que le quitó la facultad a la Contraloría de investigar fiscalmente a los aforados, el Gobierno está a la espera de una decisión del Consejo de Estado para que se determine finalmente quién tiene esa competencia.
Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, explicó que se le pidió al Consejo de Estado que se pronuncie sobre ese caso y se determine quién es el juez fiscal de los aforados. "Eso que diga el Consejo de Estado al resolver ese conflicto de competencias no va a ser un concepto, sino una verdadera decisión con la fuerza que corresponde a la las decisiones judiciales propiamente", dijo.
Agregó que "habrá que ver cuáles de las competencias que están siendo materia de duda son competencias judiciales, cuáles son competencias de naturaleza administrativa, qué le corresponde a la Contraloría y qué a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes".
El choque entre la Judicatura y la Contraloría por quién es el competente para adelantar los procesos fiscales por el escándalo del 'carrusel de las pensiones' llevó a Sandra Morelli, titular del organismo de control, a suspender todas las investigaciones que adelantaba su despacho en materia fiscal contra aforados, hasta tanto no se definan las competencias tal y omo se lo pidió el Gobierno al Consejo de Estado.
En el polémico fallo, conjueces del Consejo Superior de la Judicatura hicieron una interpretación según la cual el fuero de los magistrados establecido por la Constitución en asuntos penales y disciplinarios los protege también de que sea la Contraloría, la autoridad encargada de velar por el buen uso de los recursos públicos, la que los investigue.
Por eso, ordenaron que el expediente pasara a manos de la la Comisión de Acusación, el 'juez natural' de las altas cortes, para que los investigue por el posible detrimento a las finanzas públicas.
Es por eso que la contralora Sandra Morelli le pidió a la Judicatura que aclare en una nueva providencia los alcances del fallo de la Sala de Conjueces.
"Teniendo en cuenta que al tenor literal del mismo podría inferirse que también la Contraloría General de la República usurparía competencias al ejercer funciones de control fiscal y procesos a los siguientes servidores públicos: Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, Embajadores, Gobernadores y Procurador General". Por su parte, el presidente de la Comisión de Acusación. Germán Blanco, calificó las declaraciones de la contralora Morelli de "desobligantes".
EDITORIAL: ¿QUIÉN CONTROLA A QUIÉN?
El Consejo de Estado, que simultáneamente estudia una demanda interpuesta contra la elección de la contralora Morelli, tiene la palabra. Comparte este artículo
Una de las funciones más importantes en cualquier Estado es la de vigilar y controlar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta, racional y transparente. Esa labor esencial es la que cumple la Contraloría General, organismo que, con sus auditorías y controles de advertencia, impidió que el año pasado cerca de 2,4 billones de pesos de todos los colombianos se pusiera en riesgo o se perdieran.
Tal función es la que ha puesto en entredicho el fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que le quitó a la Contraloría la investigación por el escándalo del 'carrusel' de pensiones en la justicia y cuyos alcances tienen virtualmente paralizados decenas de procesos fiscales contra funcionarios con fuero.
Siete conjueces de la Sala Disciplinaria, cuyos integrantes tuvieron que declararse impedidos porque son los investigados, decidieron que, aunque no se trata de un proceso penal ni disciplinario, el fuero de los magistrados obliga a que sea la Comisión de Acusación de la Cámara la que lo adelante. En manos de los representantes investigadores, algunos de ellos cercanos a los cuestionados, queda una investigación que ya había avanzado hasta la etapa de embargos y que empezaba a arrojar luces sobre cómo varios exmagistrados auxiliares lograron multiplicar sus mesadas pensionales gracias a nombramientos en la Judicatura que, en varios de los casos, ni siquiera duraron un mes.
Los conjueces y la misma Comisión de Acusación han salido a defender la decisión basados en una interpretación del artículo 178 de la Constitución, que establece que los magistrados de las altas cortes, el Presidente de la República y el Fiscal General solo pueden ser investigados y acusados por el Congreso. Esa posición, aunque polémica e inédita en nuestra historia reciente, ha encontrado eco incluso entre expertos constitucionalistas, que consideran que el fuero de los altos funcionarios es integral.
En la contraparte están quienes sostienen que, a diferencia de la interpretación citada, el artículo 268 de la Carta Política señala que son atribuciones de la Contraloría General "exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación", así como "establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal e imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso...".
La contralora Sandra Morelli, cuya labor es reconocida por el país, plantea nuevas preocupaciones derivadas del fallo. La principal de ellas tiene que ver con el futuro de los procesos fiscales en los que están involucrados otros funcionarios con fuero, como ministros, gobernadores, procuradores y generales.
Desde febrero pasado, el choque de competencias entre la Comisión de Acusación y la Contraloría llegó a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, cuyo concepto en este caso no será opcional sino vinculante. En sus manos está resolver una discusión jurídica que tiene argumentos de lado y lado, pero que, en el fondo, plantea serias cuestiones sobre los controles que son inherentes a toda democracia.
¿Qué tanto afecta a la majestad de la justicia que, a instancias de los propios magistrados investigados, el proceso por el escándalo de las pensiones salga de la Contraloría? ¿Deben o no todos los funcionarios del Estado, sea cual sea su condición, estar dispuestos a dar cuentas sobre decisiones suyas que inciden en el presupuesto nacional?
El Consejo de Estado, que simultáneamente estudia una demanda interpuesta contra la elección de la contralora Morelli, tiene la palabra.
EL ESPECTADOR
DEMANDAN EL PERIODO DEL NUEVO FISCAL GENERAL, EDUARDO MONTEALEGRE
El demandante establece que deben ser personal (4 años) y no institucional (17 meses).
Ante el Consejo de Estado fue radicada la demanda para establecer el periodo del nuevo fiscal General, Eduardo Montealegre.
Según el demandante, Germán Calderón España, el tiempo de gestión de Montealegre debe ser personal, es decir cuatro años, y no institucional, el cual sería de 17 meses (hasta el 31 de julio de 2013).
Montealegre fue elegido el pasado 22 de marzo por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo en ese momento no se estableció el periodo del nuevo jefe del ente investigador.
En este sentido, el Consejo de Estado emitió un concepto en el que señalaba que debía ser institucional, por lo cual debía finalizar el periodo de Viviane Morales, cuya elección fue anulada por el alto tribunal.
La consejera de Estado Susana Buitrago será la encargada de presentar la ponencia sobre este tema.
¿ALTOS FUNCIONARIOS CON FUERO DE IMPUNIDAD?
Algunas propuestas incluidas en la reforma a la justicia y la decisión de los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura que dejó sin dientes a la Contralora para investigar a los aforados, abren el camino para que los altos funcionarios del estado sean intocables para la justicia.
Un gran alboroto judicial y político se levantó en el país por la decisión de la contralora general, Sandra Morelli, de suspender todas las investigaciones que adelanta contra funcionarios aforados, debido al fallo proferido por los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura según el cual no era competente para investigar las presuntas irregularidades de magistrados de este tribunal por el denominado “carrusel de las pensiones”. Los investigaría la Comisión de Acusaciones, que nunca ha proferido una decisión.
Del mismo modo, la contralora quedaría sin competencia para asumir investigaciones de otros funcionarios como ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores, gobernadores, Procurador y Defensor del Pueblo. A esto se suman las modificaciones implementadas en la reforma a la justicia, que está haciendo trámite en el Congreso, según las cuales los parlamentarios sólo serían objeto de detención hasta que se dicte condena en primera instancia.
Coincidencia o no, las implicaciones de estas actuaciones jurídicas y legislativas conducen a un solo camino: la impunidad frente a comportamientos por fuera de la ley de altos funcionarios del Estado. Es un hecho que contra los aforados que son investigados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara –Presidente de la República, magistrados de altas Cortes y Fiscal General- no ha prosperado un solo proceso.
Como si fuera poco, en la reforma a la justicia se estaría planteando un cambio en el artículo 277 de la Constitución que reformaría las facultades del Procurador para que investigaciones contra legisladores aplique el reglamento del Congreso y no el Código Único Disciplinario con el cual han sido sancionados 18 parlamentarios en la era de Alejandro Ordóñez.
Otro polémico artículo de la enmienda constitucional contempla que en el caso de procesos de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado pruebe si hay dolo o culpa en la violación al conflicto de intereses o cualquier otra falta y, dependiendo de lo que la ley establezca, entraría a aplicar la pérdida de investidura.
Por ahora, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, está tratando de encontrar respuestas para esta encrucijada y espera la respuesta a una consulta interpuesta ante el Consejo de Estado que apunta a “resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional –Comisión de Acusaciones y Contraloría- prevista en el numeral 10 del artículo 112 del Código Contencioso Administrativo”.
Explica Esguerra que “lo que se elevó ante el Consejo de Estado no fue una consulta sobre el particular sino una solicitud para que defina como juez de la República en esos asuntos un conflicto de competencias de carácter administrativo, luego habrá que ver cuáles de las competencias que están siendo materia de duda son competencias judiciales, cuáles son competencias de naturaleza administrativa y qué le corresponde a la Contraloría”.
En el Gobierno el hermetismo es total, pues prefieren esperar el concepto del Consejo de Estado para definir si la Contralora es o no competente para continuar con las investigaciones fiscales. No obstante, aún no hay explicaciones sobre las propuestas incluidas en la reforma a la justicia que claramente favorecen a los parlamentarios.
LA ILIQUIDEZ DEL SISTEMA DE LA SALUD
Por: Hernán González Rodríguez
Hace algunos meses se presentó el presidente Santos ante las cámaras de la televisión, acompañado por importantes funcionarios de su Gobierno, con el fin de informarle al país sobre la exagerada corrupción descubierta por sus colaboradores en las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, en un monto cercano a los 4.5 billones de pesos, el cual figuraba como causante de la iliquidez del sector. Verdad a medias como pasamos a analizar a
El Fiscal General, señor Alejandro Ordóñez, sostuvo que el Sistema de Salud maneja cada año 40 billones. Esta cifra le resulta ser a Ordóñez “más que suficiente si se equipara con lo que invierten España, Inglaterra y Japón en su salud”.
Y añadió, lo que aquí ha pasado es que ha habido un inadecuado manejo de esos recursos por culpa de la ineficiencia, la falta de control y por la corrupción. Y más adelante mencionó el alto número de decretos, resoluciones y circulares, con frecuencia contradictorias, que han colocado la medicina en manos de las espantosas tutelas y de jueces ajenos al tema, como único medio para acceder a los servicios de salud. Resumo: culpa en parte de la literatura jurídica en la cual somos expertos.
El señor Gabriel Mesa Nicholls, presidente de la junta Directiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, gremio que agrupa las 16 EPS más representativas del régimen contributivo, el que pagamos los colombianos, reconoció en una entrevista quela iliquidez no es culpa de la corrupción de las EPS, sino de fallas en la reglamentación y en las autoridades para controlar tanto los medicamentos como los tratamientos que corresponde a las EPS suministrar y que no están incluidos en el Plan Obligatorios de Salud, POS.
Reconoce Mesa, sin embargo, que sí se presentó una mezcla de intereses deshonestos de parte de algunas farmacéuticas, médicos y hospitales que en forma indebida se aprovecharon de la falta de reglas clara y de control del propio Estado.
Al respecto explicó Mesa: Hay que recordar que cuando suministramos un medicamento NO POS debemos tramitar el cobro de este ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga. Recordemos que en 2004 le costaba el NO POS al país exiguos 20.000 millones de pesos, en tanto que en 2010 se disparó hasta los 2,4 billones, es decir, 117 veces más.
La deuda hoy del Fosyga con las EPS se avecina a los 2,4 billones. Si asumiera el Estado rápidamente la parte justa de estas deudas, podrían las EPS pagar y evitar su quiebra. “Pese a las dificultades, concluye Mesa, de cada 10.000 servicios solo hay tres quejas”. Discutible estadística en un país pobre, donde los burócratas limitan las quejas al exigir presentarlas por Internet.
Puedo dar fe de que los servicios prestados por Comfenalco Antioquia para el régimen contributivo son muy deficientes. Programas y bases de datos inadecuados, mala orientación para los usuarios para obtener las autorizaciones y los servicios, tardanza en las cirugías y en los tratamientos…
Coincido con Mesa en cuanto a que algunos periodistas tratan de utilizar la crisis para reinstaurar el espantoso ISS. Coincido con él en cuanto a que el sistema actual es perfectible. Eliminemos tantos intermediarios ¿los alcaldes? El esquema del NO POS, tutelas, resulta ser perverso. Las leyes son confusas y contradictorias. No pocos intermediarios están abusando de los médicos honestos. Apremia auditar mejor al binomio médicos corruptos y EPS.
LA INMUNIDAD SUPREMA DEL PROCURADOR
Por: Cecilia Orozco Tascón
El domingo pasado, en entrevista que publicó El Espectador con la abogada de una niña de 12 años que se vio obligada a dar a luz después de solicitarle inútilmente a su EPS el servicio de aborto terapéutico —autorizado por la Corte Constitucional—, eliminé, a conciencia, todos los datos que condujeran a la individualización de la menor por acatamiento a una orden judicial.
En el fallo de tutela en que el alto tribunal sancionó a la EPS por no atender a tiempo a la pequeña, se conmina a todos a proteger la identidad de los dos menores (la niña-madre y su bebé) y sus derechos a la intimidad y a la privacidad. En consecuencia, queda prohibido aportar siquiera el nombre de la EPS, según la interpretación de varios juristas que consulté. ¡De cuánta buena gana hubiera revelado cuál es la empresa de salud que desprecia a la Corte, entre otras cosas porque si irrespeta al máximo órgano de la justicia, qué no hará con sus pacientes! El procurador, que ha dado muestras de privilegiar con sus decisiones oficiales a quienes tienen su misma confesión, en este caso a la EPS, se opuso al reconocimiento de los derechos de la novel mamá, pobre de solemnidad. Alejandro Ordóñez interpuso recurso de anulación del fallo ante la Corte. Los magistrados constitucionales negaron su pretensión por falta de sustento jurídico.
Y es aquí donde viene lo interesante: las precauciones que el tribunal tuvo que tomar para resguardar a las demandantes, provienen de una conducta insólita de los agentes de Ordóñez. Con ocasión de otra sentencia (T- 585/10) en que se le daba la razón a una joven madre que ya había tenido cuatro embarazos (todos clasificados como de alto riesgo porque había sufrido pérdidas espontáneas y preclampsia), y a la cual el Sisbén no quiso practicarle el aborto, la Procuraduría obtuvo, en el juzgado donde se adelantó la queja, los datos de la señora y la denunció penalmente por haberse sometido a un aborto clandestino cuando el sistema de salud le cerró las puertas. Valiéndose de algunas informaciones que se incluyeron en el escrito del tribunal, la Procuraduría consiguió también a una médica que la examinó y le pidió una declaración para usarla en contra de la mujer. Y, por si fuera poco, entabló denuncia penal contra los dos magistrados que firmaron la sentencia. Además de negar, de nuevo, la nulidad pedida por la Procuraduría, la Corte compulsó copias al Consejo de la Judicatura para que investigue al juez por desproteger la reserva, le envió copia al Tribunal de Ética Médica para lo propio con la profesional del hospital y al fiscal general para lo de su competencia (Comunicado No. 8 de febrero 28, 2012). No es, pues, raro que ahora los togados demanden absoluta reserva. Quedan respondidas así las fantasiosas sugerencias de un lector cuya carta publicó ayer El Espectador.
En cuanto al procurador, lo importante es advertir que hoy por hoy tiene un juez disciplinario: la Corte Suprema. Y un juez penal: la Corte Suprema. Si es cierto que el poder burocrático y de convencimiento social de Alejandro Ordóñez alcanza para marear a la mayoría de la Sala Plena de este tribunal, como al parecer ya sucedió con su trocado fallo de la yidispolítica; que el juez de sus actos administrativos es el Consejo de Estado, institución de su entraña que le permitió llegar a su posición actual; y si a lo anterior se añade que en el campo del control político los congresistas que lo eligen no lo tocan, porque él puede guillotinarlos o porque también han sido divinamente atendidos en la Procuraduría; que el presidente evita disgustarlo para que mantenga enfundada la espada de la destitución de funcionarios, la conclusión es que el procurador viene siendo una especie de dios que goza de inmunidad suprema. Nadie se atreve con él, pese a lo que haga. Mientras tanto, la desacatada Corte Constitucional se limita a mandarle mensajes de regaño que caen al vacío. Y ya.
EL NUEVO SIGLO
CINCO CUELLOS DE BOTELLA INSTITUCIONALES
Media decena de temas están pendientes de que se resuelvan. En algunos casos, su concreción ayudaría a los funcionarios a desarrollar mejor su trabajo. En otros, se requiere saber finalmente cual es el marco legal en el que desarrollan las actividades.
Periodo del Fiscal
Mientras el Concejo de Estado espera que alguien demande la elección del Fiscal General para poder pronunciarse de fondo y de manera vinculante sobre el periodo en que debe permanecer Eduardo Montealegre en su cargo, muy a su pesar el funcionario despachará hasta el 31 de julio de 2013.
A petición del Gobierno, la Sala de Consulta del Consejo de Estado consideró que Montealegre debe estar al frente de la Fiscalía hasta dicha fecha, cuando se cumplen cuatro años desde que Mario Iguarán abandonó el cargo.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señaló que hasta la fecha el Gobierno desconoce cuál es el periodo de Montealegre, porque aunque dio su visto bueno al concepto del Consejo de Estado, pero su deseo es que Montealegre se quede cuatro años.
El propio Montealegre declaró que su periodo debería ser de cuatro años: “Pienso que de cuatro año, porque el doctor Mendoza no inició ningún periodo. El doctor Mendoza fue encargado y no fue designado y en principio pienso que el periodo del fiscal debe ser de cuatro años”.
Competencias de la Contraloría
Comenzando esta semana la contralora Sandra Morelli decidió frenar todos los procesos de responsabilidad fiscal que involucren a los funcionarios protegidos con fuero constitucional, hasta tanto se le clarifiquen los alcances del fallo de una sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura.
Dicha sentencia, proferida a finales del mes pasado, decidió que la Contraloría no podía investigar a los magistrados de ese mismo Consejo vinculados al carrusel de las pensiones descubierto en ese organismo judicial; allí mismo se determinó que la entidad competente para adelantar las pesquisas sobre detrimento patrimonial a la Nación era la Comisión de Acusación de la Cámara.
La Contraloría, en consecuencia, decretó “la suspensión de todas las actuaciones que se vienen adelantando por la Contraloría General de la República y que de una u otra manera puedan afectar a servidores públicos que gocen de fuero constitucional”, al considerar que “usurparía” competencias al pretender realizar control fiscal sobre determinados servidores públicos: “En tanto, se profiere providencia aclaratoria de la decisión, teniendo en cuenta que el tenor literal de la misma, podría inferirse que también la Contraloría General de la República usurparía competencias al ejercer funciones de control fiscal y proceso a los siguientes servidores públicos: Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, Embajadores, Gobernadores, Procurados General, Defensor del Pueblo, que tienen fuero constitucional”.
Competencias de la Procuraduría
En cambio, en cuanto a restarle competencias a la Procuraduría para destituir a los congresistas parece que sí hay acuerdo.
El senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, contó que él y el legislador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, visitaron al procurador Alejandro Ordóñez para plantearle la propuesta y que el funcionario estuvo de acuerdo con ella.
“Lo que dice el artículo es que el Procurador tiene facultades para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, excepto los congresistas. El Procurador es elegido por el Congreso de la República y no está bien que el Jefe del Ministerio Público, discipline a quienes lo eligen”, manifestó Avellaneda.
Ya esta idea estaba sobre la mesa, desde que en agosto un amplio grupo de congresistas radicó en la Comisión Primera de la Cámara un proyecto que incluía que los congresistas no podrían volver a ser suspendidos, inhabilitados o destituidos por la Procuraduría.
Según ese articulado, la Procuraduría solamente “disciplinará a los miembros de las Mesas Directivas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, por las conductas o actos irregulares que realicen en ejercicio de funciones meramente administrativas y/o de ordenación de gasto”.
Sin embargo, como se recordará, estas facultades han sido cuestionadas porque se cruzan con las del Consejo de Estado, que es el organismo competente para decidir sobre la pérdida de investidura de los legisladores. Quizás el punto más álgido de la polémica se dio en septiembre de 2010, cuando la Procuraduría destituyó e inhabilitó a la entonces senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal.
Fuero militar
Fortalecer el fuero militar para que se presuma que toda acción de los uniformados es un acto del servicio, a menos que ante la Justicia Penal Militar se demuestre lo contrario, es una tarea que se quiso incluir en la Reforma a la Justicia.
Se ha argumentado que hay una desmoralización de la tropa por cuenta de tener que rendir cuentas ante jueces y fiscales de la justicia ordinaria por sus actos del servicio.
La idea fue muy controvertida, especialmente por las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues de acuerdo con su análisis la instancia Penal Militar no ha sido una real garante de pronta y cumplida justicia.
El debate llevó a que el Gobierno conformara una comisión de expertos que recomendó sacar el artículo y tratar el tema en una reforma integral a la Justicia Penal Militar.
El Gobierno ya logró que el segundo proyecto fuera aprobado en primer debate, pero no ha logrado que el artículo sea sacado de la Reforma a la Justicia.
En medio del debate, sin embargo, quedó claro que realmente ha desestimulado el accionar de las Fuerzas Militares es un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía.
El convenio, recordó el representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, fue firmado “entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, en la época en que era ministro de Defensa el doctor Camilo Ospina y el fiscal Mario Iguarán”, es decir, siendo presidente Álvaro Uribe.
Al calor de ese convenio, según el cual el fuero para los militares no es automático, sino que va a un fiscal de reparto para que determine si, a su juicio, el caso irá a la justicia ordinaria o la castrense, “muchos actos del servicio los han llevado a la justicia ordinaria cuando deben ser conocidos por la Justicia Penal Militar”, anotó el legislador.
Doble militancia
Una clara jurisprudencia del Consejo de Estado, como lo publicó en primicia EL NUEVO SIGLO (no una reciente sentencia, como se ha seguido diciendo erróneamente), ha determinado que la “doble militancia no es causal de pérdida de investidura”.
Aunque la ley, como se verá, proscribe la doble militancia, en la práctica la conducta ha quedado sin castigo porque los partidos, a quienes les correspondería castigarla, les han dejado el asunto a los comités de ética para que ellos lo incluyan en sus propios códigos.
El artículo 107 de la Constitución, tras su modificación en la reforma política (acto legislativo 01 de 2009) estableció que “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica”.
En desarrollo del artículo constitucional, la ley 1475 prohibió la doble militancia: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos”.
En el mismo artículo 2, se precisó que “el incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción”.
HAY MÁS DE 2 MILLONES DE PROCESOS ESTANCADOS
La descongestión de más de dos millones de procesos que están estancados, se espera que sea solucionado con la Reforma a la Justicia, cuyo debate se inicia mañana en la Comisión Primera del Senado y que se espera que sea votada el viernes.
Entre los temas fundamentales están el de la posibilidad de que los notarios asuman funciones judiciales. Para algunos congresistas esta reforma no descongestiona la justicia.
No obstante EL NUEVO SIGLO hizo un sondeo para conocer cuáles son los temas prioritarios de este proyecto de acto legislativo.
El liberal Jesús Ignacio García señaló que el artículo que le otorga las funciones jurisdiccionales a los abogados en ejercicio, a los funcionarios administrativos, a funcionarios judiciales, es uno de los que más genera controversia.
Ese precisamente es el motivo por el cual el senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, anunció la presentación de una ponencia alternativa.
Pero García explicó que esas funciones son excepcionales y va ser de manera transitoria. “Es el Congreso mismo que por medio de una ley debe decir que tipos de asuntos son los que van a conocer los abogados en ejercicio o los empleados administrativos”.
Entre tanto, el conservador Hernán Andrade consideró que la reforma a la Justicia no contiene los puntos sustanciales, pero coincidió con García, en que para él el articulo principal es el que tiene que ver con el de otorgar funciones judiciales a notarios y demás empleados.
El senador Juan Carlos Vélez, de La U, expresó que él siempre ha dicho que el acceso de la Justicia al ciudadano y la descongestión son los dos temas que debe salir avante de esta reforma.
Frente a la descongestión de la Justicia, está proponiendo la creación de los despachos de descongestión, sin tener que conocer de acciones constitucionales como lo son las tutelas o las acciones populares. “Estos juzgados asumirían temas propios de su jurisdicción”.
Vélez recordó que aunque para él esos son los dos puntos fundamentales, en la iniciativa también se aborda elementos esenciales como el periodo de los magistrados, las condiciones para ser magistrados, la doble instancia para los aforados.
Para Roberto Gerlein, del Partido Conservador, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura es un grave error, lo mismo que eliminar su sala administrativa. Igualmente que uno de los puntos negativos es que las decisiones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sean determinaciones de carácter jurisdiccional. “Creo que deberían ser decisiones de carácter administrativos, con una revisión jurisdicción contencioso administrativa”.
Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, explicó efectivamente la entrega a particulares las funciones jurisdiccionales, el cambio de sistema de nominación para elegir a los jefes de los organismos de control, el sistema de juzgamiento tanto penal como disciplinario para los aforados, son los temas más importantes.
“Me parece que el artículo que otorga funciones jurisdiccionales, es un intento que hace el Gobierno nacional para buscar la descongestión de la Justicia. Estas facultades son temporales, mientras se produce una descongestión de más de dos millones de procesos estancados y que no se excluye el aumento del presupuesto”, anotó.
Parmenio Cuellar, del Polo, subrayó que es una lástima el proyecto sea votado apresuradamente y que la maquina gubernamental la apruebe sin un debate más a fondo. Para el ex ministro de Justicia realmente esta reforma no cumple con el propósito fundamental como es la descongestión y aclaro que más adelante se va a tener que presentar más modificaciones
La propuesta de que darles funciones judiciales a los notarios ya tuvo el rechazo de ese gremio y por eso radicaron una carta para que las comisiones primeras tanto del Senado y de la Cámara los escuchen. Álvaro Rojas, presidente del Colegio de notarios, no está de acuerdo con dicho artículo.
REVISTA SEMANA
MINISTRO DE JUSTICIA CONFÍA EN QUE CONSEJO DE ESTADO ACLARE A QUIÉNES INVESTIGA LA CONTRALORÍA
El funcionario dice que si la entidad emite su concepto quedaría claro quién tiene la competencia de la investigación fiscal de los aforados, si la Contraloría General o la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que espera que el Consejo de Estado aclare quién tiene la competencia para investigar a los llamados aforados (magistrados y altos funcionarios de Estado). Esto luego de que una sala de conjueces le quitara la facultad a la Contraloría de investigar fiscalmente a estas personas y que el ente de control decidiera suspender todas las pesquisas.
"Lo que diga el Consejo de Estado al resolver ese conflicto de competencias no va a ser un concepto, sino una verdadera decisión con la fuerza que corresponde a la las decisiones judiciales propiamente", dijo Esguerra.
Según el ministro es necesario conocer, "cuáles de las competencias que están siendo materia de duda son competencias judiciales, cuáles son competencias de naturaleza administrativa, qué le corresponde a la Contraloría y qué a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes".
El conjuez del Consejo Superior de la Judicatura Isnardo Gómez manifestó que no es cierto que la contralora no pueda continuar con sus investigaciones.
“El fallo no le ordena a la contralora que frenara las investigaciones y devolviera los expedientes de los ministros, gobernadores, alcaldes y demás investigados. Solamente le pidió que tomará una acción en el caso de los magistrados”, precisó el conjuez.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, le pidió a la contralora respeto por los fallos judiciales.
"La contralora tendrá que explicar suficiente y fehacientemente por qué controvierte fallos de autoridades legalmente constituidas en Colombia, los conjueces son una instancia legal y ella tendrá que explicar su actitud".
Frente a la decisión de la contralora de suspender todas las investigaciones hasta que no se aclare el contenido del fallo de los conjueces, el representante Blanco señaló que "nosotros acá no investigamos a gobernadores o ministros, de manera que me parece que está haciendo una mala interpretación", puntualizó.
REVISTA PORTAFOLIO
NORMAS PARA EL TLC SE ACTUALIZAN PARA RECIBIR A OBAMA
Los proyectos que apruebe el Congreso se le presentarán al presidente Obama durante la Cumbre.
Congreso aprobó tres proyectos claves para cita de Santos y Obama, entre otras, la denominada “ley Lleras 2.0” sobre propiedad intelectual.
En un nuevo paso para ponerse a tono con las exigencias que debe cumplir Colombia para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron tres proyectos de ley claves, que le serán presentados este fin de semana al presidente Barack Obama, en la Cumbre de las Américas.
La aprobación de las iniciativas era esperada, pues en buena parte la adopción de las medidas (leyes y decretos) a que Colombia se comprometió para poner en marcha el TLC dependerá de lo que el presidente Obama pueda anunciar en el encuentro panamericano, en el sentido de, posiblemente, fijar una fecha de entrada en vigencia del tratado comercial,
Entre tanto, el Ministerio del Trabajo anunció nuevas investigaciones por violar derechos de los trabajadores, otro de los compromisos con el gobierno de Obama para poner en marcha el TLC.
PROYECTOS EN EL CONGRESO
Uno de los proyectos de ley que se aprobó anoche está relacionado con la legislación sobre derechos de autor y todo tipo de disposiciones a ese respecto, como los libros impresos, software, entre muchos otros.
Una de las medidas que se tomaron fue la ampliación a 70 años de la protección de los derechos de autor para obras creadas por personas jurídicas. Las críticas de los opositores a este proyecto no se hicieron esperar: bautizaron la iniciativa como “ley Lleras 2.0” por su regulación en temas de internet. Los dos artículos polémicos son el 13 y el 14 que prohíben la transmisión de señales de televisión por red sin permiso del autor y establece las responsabilidades que deberán asumir los infractores.
La segunda iniciativa avalada tiene que ver con la necesidad de ratificar el convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales (Upov) de 1991, pues el país se había adherido a uno anterior.
Este protege los que podrían calificarse como ‘derechos de autor’ de los investigadores en especies vegetales, evitando y sancionando la piratería de semillas.
El tercer proyecto de ley aprobó el convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite.
Hasta ahora, Colombia tenía 50 por ciento de la programación nacional de la televisión, y a partir de la aprobación de la norma se bajaría al 30 por ciento, con lo que favorecería las producciones internacionales.
El legislativo demostró anoche que acató el mensaje de urgencia que envió el Gobierno, interesado en acelerar la entrada en vigencia del tratado.
Sin embargo, con las aprobaciones no se da por terminado el proceso de implementación del tratado con Estados Unidos; por el contrario, se espera un número indeterminado de proyectos, decretos y resoluciones del Ministerio de Comercio, pero cuyos textos aún no se conocen.
CMI
REVOLCÓN EN LA RECOLECCIÓN DE BASURAS EN BOGOTÁ
El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Guillermo Asprilla, reveló en qué consiste el nuevo modelo de recolección de basuras que busca implementarse en Bogotá y que fue presentado ante la Corte Constitucional, para revisión.
En este modelo se establece abrir dos licitaciones; una con los operadores privados que recogerán la basura en ciertas zonas, y otra para cerca de 60 empresas que deben ser creadas por recicladores que habrán de cubrir toda la ciudad, haciendo trabajo de recolección de desperdicios.
Cada empresa tiene que estar conformada por 200 recicladores, se acabarán los vehículos de tracción humana y animal, y el Distrito le suministrará a cada empresa tres vehículos para el trabajo.
Así mismo, la población entera en la ciudad tendrá que participar de un proceso de capacitación para aprender a realizar la separación de los desperdicios en los hogares, y para quienes no cumplan posteriormente con esta tarea en sus casas se anuncia la implementación de comparendos ecológicos.
El director de la UAESP anunció que para el 2014 se acabaría el relleno sanitario de Doña Juana, ya que se están buscando nuevas tecnologías que reemplacen el proceso allí realizado, en donde simplemente se entierran las basuras, con el ánimo de sustituirlo por sistemas para reutilizar la basura en la generación de biodisel y energía.